Mayor
adecuación de las pruebas
Francisco
Javier Velázquez López
Secretario general para la Administración Pública
La oferta
de empleo público es uno de los instrumentos esenciales para
una planificación estratégica de recursos humanos.
Para ello, la oferta de empleo público para el año
2005 prestará atención a sectores prioritarios: políticas
sociales de vivienda, inmigración, asuntos sociales y cultura;
investigación y sociedad de la información; medio ambiente;
instituciones penitenciarias; Hacienda pública y control del
gasto público y Unidades de atención al ciudadano.
En el
mismo sentido, el Real Decreto establece unos criterios generales
de aplicación a los procesos selectivos buscando, con carácter
general, una mayor adecuación de las pruebas a superar
a los puestos de trabajo a desempeñar. Con este fin,
se introducen medidas como la realización de pruebas que no
se limiten a valorar exclusivamente los conocimientos memorísticos
y el fomento de la realización de ejercicios de carácter
práctico; que los temarios se ajusten a los conocimientos
que racionalmente se deban exigir en cada caso; la posibilidad de
realizar test psicotécnicos o de aptitud; potenciar los cursos
selectivos...
De cualquier
forma se trata de criterios generales y no de reglas uniformes. En
las convocatorias específicas de pruebas selectivas quedarían
reflejados si procede y, en su caso, los supuestos antes citados.
Me gustaría
asimismo destacar la atención que el Real Decreto 121/2005
dispensa a las personas con discapacidad. En este
sentido, por ejemplo, se alude a que las plazas reservadas para personas
con discapacidad puedan convocarse de manera independiente y a que
las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público
del año 2005 incluyan la reserva de un cupo no inferior al
5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad. Y si las plazas reservadas y que han sido cubiertas
por personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 3 por ciento
de las plazas convocadas se acumularían al cupo del 5 por
ciento de la oferta siguiente.
Se impulsa
también la promoción interna con el fin de extraer
el máximo aprovechamiento de los recursos humanos
internos existentes antes de acudir a reclutamientos exteriores.
Vinculado a ello, se prevé que puedan implantarse medidas
de carácter económico con evidente repercusión
social –ayudas, becas u otros tipos de medidas– que fomenten
la promoción interna y que contribuyan a paliar el principio
de que el coste de las oposiciones recaiga siempre en el opositor.
Dentro
de las medidas para la reducción de la temporalidad, ciertamente
elevada en el sector público, se tiene en cuenta que en los
procesos selectivos en que haya fase de concurso se valore
la experiencia acreditada por los candidatos que hubieran
tenido la condición de interinos o temporales.
Con estas
medidas se pretende, en suma, la modernización de los sistemas
de entrada al empleo público y en el ajuste de los mismos
a las demandas que en un Estado social y democrático de derecho –igualdad
de acceso– se formulan a una Administración Pública
del siglo XXI en su vertiente de organización empleadora por
parte de los ciudadanos.
Fuente:
Revista MUFACE
marzo-abril-mayo 2005